LA DEFICIENTE PUNIBILIDAD EN MÉXICO

Columna | VISIÓN DE LÍDER

Un reto para la Cuarta Transformación

Por Angel Pablo Reyes Santiago

 

Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, es uno de los ilustrados que en 1764 publica su obra “De los delitos y las Penas”, la cual centró una profunda reflexión en toda Europa sobre el tema en ese lapso de la historia y sentó las bases para la creación de principios penales como el de la proporcionalidad de las penas, fue uno de los primeros tratados que pugnaba por la abolición de la pena de muerte y sostuvo un carácter preventivo general en los delitos, los cuales definió como la violación al contrato social entre pueblo y gobierno, así como al rompimiento del orden entre los individuos (La paz pública).
Desde hace 255 años el debate sobre “los delitos y las penas” no ha parado y los sistemas penales en el mundo actualmente siguen en constante conflicto de comprobar resultados; como estudiante constante del derecho no abordaré las Teorías del Delito aplicadas en México, solo centraré mi crítica sobre una parte que para mí adolece el Estado Mexicano y es vital que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tome cartas en el asunto: La Deficiente Punibilidad.
La punibilidad no es otra cosa que la parte castigadora de un delito y aplicada por el gobierno. En el Sistema Penal Mexicano nace de la Constitución Política y, actualmente, se regula por un Código Nacional De Procedimientos Penales y los códigos penales, federal y estatales.
Desde la Constitución del Estado Mexicano el 5 de Febrero de 1917 hasta nuestros días la punibilidad ha sido deficiente. Sin embargo, en los últimos años ha sido más evidente su ausencia, lo que ha generado una interpretación social de que “los delitos no se castigan” y una conclusión popular de que reina en el país la impunidad.
Lamentablemente es necesario reconocer esta situación del Estado de Derecho, mismo que ha sido rebasado por diversos factores como el crecimiento demográfico, la pluralidad de conductas antisociales, pero sobre todo por reformas legales infructuosas de los gobernantes en turno.
En este renglón tenemos la reforma penal de junio del 2008, en la que Felipe Calderón estableció el Sistema Penal Acusatorio Adversarial y la de Derechos Humanos que promulgó en junio del 2011; estas dos modificaciones legales hundieron la punibilidad en el país.
En primera instancia, para evitar un conflicto político se prolongó mucho la homologación de los códigos penales de las entidades con el federal (hasta el 2012 entró en Veracruz), así como la unificación del actual código nacional procesal.
A la par de este problema estuvo la capacitación de los recursos humanos del Ministerio Público, como encargado de perseguir los delitos y presentar imputaciones y de los Poderes Judiciales, local y federal encargados de vigilar el procedimiento, juzgar y sentenciar.
Junto con estas deficiencias de personas-tiempo, estuvo la habilidad de algunos litigantes que centraron su defensa en la negligencia de las autoridades y se beneficiaron sobre los beneficios de la nueva Ley de Amparo que entro en vigencia en abril del 2013.
Hay que puntualizar que el juicio de amparo no resuelve sobre la responsabilidad penal de los individuos, sino que protege contra actos u omisiones de las autoridades que violen derechos humanos. Basta recordar el caso Florence Cassez, quien fue detenida en diciembre del 2005, luego de entrar el gobierno de Felipe Calderón, quien le monto un escenario en su detención, y saliera libre al concederle en enero del 2013 un amparo que le otorgó por violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.
Por otro lado, dichas reformas también fueron muy benévolas para gozar de Libertad Durante La Investigación si no es Delitos Grave (Art. 140 C.N.P.P); y además muchas conductas antisociales tipificadas en los códigos no se elevaron a ese rango, sobre todo en temas de corrupción, ejemplo de ello es la sentencia de 9 años de Javier Duarte de Ochoa quien incluso pudiera salir antes de ese periodo.
Bajo estas circunstancias, y otras deficiencias en el sistema penal mexicano, tomó el Gobierno Andrés Manuel López Obrador quien tiene un gran reto de establecer la punibilidad de estado que no se genera con expresar “nadie por encima de la Ley” sino con reformas legales.
Y no se necesitan grandes reformas, bien pudiera empezar con elevar a graves diversos delitos que actualmente se enfrentan bajo libertad y se sustraen de la justicia.
Por ello es de reconocer que elevar a Delito Grave el robo de hidrocarburos es un buen inicio, pero todavía falta mucho, demasiado, porque hay conductas que afectan a la sociedad que ni siquiera están en los códigos.
Es necesario darle prisa a su andar sobre todo por la corrupción y sus diversas manifestaciones, como la metida de mano al presupuesto público bajo “gastos x comprobar” que hacen los funcionarios de los gobiernos municipales, estatales y federales.
Recuperar la punibilidad del estado mexicano en los delitos no solo para contener conductas antisociales sino también para alcanzar la justicia que le ha sido negada al grueso de los mexicanos también debería ser parte de la agenda de la Cuarta Transformación. (03/Feb/2019)
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