CONGRESO DICTAMINA OBSERVACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA 2017

>> 42 Ayuntamiento la libraron en esta etapa, 111 continúan con presunto daño patrimonial.

>> El faltante de los entes municipales estriba en 776 millones 575 mil 658 pesos.

 

Redacción Libertad

Xalalpa, Ver.- El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Decreto por el que se aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables de la entidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2017 realizado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).

Con el registro de 35 votos a favor y 12 en contra, este 26 de octubre se publicó dicho dictamen en la gaceta legislativa, mismo que cuenta con algunas solventaciones por ex servidores y servidores público en el ámbito municipal.

Por ejemplo, en el informe del ORFIS presentado el pasado 1 de octubre por el ORFIS, se subraya que en 153 Municipios había mil 28 observaciones y 2 Entidades Paramunicipales otras 6, por un monto de un mil 102 millones 373 mil 460 y 20 millones 742 mil 526 pesos, respectivamente, que adquieren el carácter de irregularidades de forma resarcitoria en la actuación de los servidores o ex servidores públicos, que pudieran ser representativas de un presunto daño a la hacienda municipal, y dar lugar a la determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones a quienes manejaron los recursos públicos respectivos.

Sin embargo, el dictamen actual registra en 7 sesiones de la Comisión Permanente de Vigilancia, del 10 al 23 de octubre, observaciones de daño patrimonial solventadas por 44 Ayuntamientos donde ex servidores y servidores públicos presentaron documentos y argumentos para subsanarlas.

En este renglón se dictaminó sobre 111 municipios con faltas administrativas con probable daño patrimonial de 776 millones 575 mil 658 pesos con 85 centavos ($776,575,658.85).

Por otro lado se mencionan que del análisis realizado al Informe Individual de la Secretaría de Educación, se determinó que el Órgano de Fiscalización Superior efectúe una Auditoria Financiera de carácter específico a la citada Secretaría, respecto de los ingresos gastos identificados como propios que no forman parte de la información financiera sujeta a revisión en el ejercicio 2017, que permita determinar las características del origen de los recursos y la viabilidad del destino del gasto.

Asimismo, del análisis realizado a la auditoria en materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera realizada al Poder Ejecutivo, se advirtió que la revisión se ajustó a la Cuenta Pública del ejercicio 2017, no obstante que, en ese año se dio un proceso de reestructuración de la deuda pública del Gobierno del Estado por el orden de 37 mil 999 millones 634 mil 086 pesos, concluyendo el proceso de cancelación, gastos y pagos que originó esta operación financiera, se volvió un efecto bianual ya que una parte de los financiamientos reestructurados quedaron formalizados y registrados en el ejercicio 2017 y otra parte en el ejercicio 2018.

Las Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados y los Fideicomisos en los que se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un monto de 338 millones 274 mil 311 pesos, además de inconsistencias de carácter administrativo, que dieron lugar a observaciones y recomendaciones son: Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y la Secretaría de Protección Civil, así como los Institutos Tecnológicos de Juan Rodríguez Clara, Las Choapas, Pánuco, Perote, Tantoyuca y Huatusco.

De igual manera las Universidades Popular Autónoma de Veracruz, la Tecnológica del Centro y la del Sureste de Veracruz, respectivamente; la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y los Servicios de Salud de Veracruz.

Fue aprobada la Cuenta Pública 2017 del Poder Legislativo y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, debido a que no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos por presunto daño patrimonial, ni inconsistencias de carácter administrativo. (27/Oct/2018)

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