Propuestas ante el abandono y la suspensión de la administración de Justicia Local en Veracruz.
Por Héctor Hugo Viveros G. Saldaña/ Profesor de la Universidad Veracruzana
La Pandemia por el Covid 19 ha afectado a todos los sectores, pero hasta no escuchar un testimonio, el daño no se dimensiona. En materia de Administración de Justicia, ha tenido efectos particulares que desde mi perspectiva nos han puesto al tanto de viejas carencias, y malos usos y costumbres que se han maximizado hecho de manifiesto la necesidad de cambios inmediatos y radicales.
Primero un relato del desarrollo de la pandemia y sus afectaciones al sistema de justicia estatal en Veracruz.
El 15 de marzo se cumplirá un año de que inició la toma de medidas para prevenir contagios por Covid 19 entre el personal que labora en Juzgados, Tribunales y Salas del Poder Judicial del Estado. En un año se podría decir que estas medidas se han implementado en dos etapas.
La primera fue la suspensión casi total de las actividades del Poder Judicial durante 6 meses. El Consejo de la Judicatura determinó el inicio de la suspensión temporal de actividades y éstas continuaron hasta septiembre de 2020. Haciendo cuentas, el Poder Judicial solo dio servicios la mitad del año.
A pesar de esta suspensión, no hubo noticias de subejercicio del presupuesto aprobado. Sobre el tema presupuestal puntualizaré más adelante.
La segunda etapa, en la que nos encontramos, consiste en reanudar las actividades, pero con medidas de protección para el personal y de restricción para abogadas, abogados y litigantes. Las medidas de protección para el personal consistieron en que aquellos con un factor de riesgo mayor deben quedarse en casa (con excepciones) enviando al personal laboral vulnerable a sus casas, pero no a “home office”. La mayoría no ha regresado a su puesto.
Todo este tiempo con goce de sueldo y probablemente con sus bonos trimestrales, aguinaldo, etc. Para los litigantes, el acceso a los Juzgados es limitado: 18 citas matutinas diarias para consultar expedientes, 6 citas para ratificar convenios y otras promociones, y dos audiencias diarias por juzgado.
Actualmente, la agenda de algunos Juzgados ya está llena hasta mayo de 2021. Solo se puede acceder a consultar expedientes con previa cita que se obtiene a través de un sistema en línea que únicamente permite a los litigantes o a las
partes agendar una cita por día, es decir, si se quiere agendar una cita para consultar un expediente una persona solo puede agendar una cita cada 24 horas, aunque se quiera consultar en diferentes días.
De hecho esto no sirve de nada, las escaleras de los juzgados y las afueras de los mismos están llenas de abogadas y abogados, muchos de ellos, mayores de 60 años, sin poder prescindir de salir a trabajar, pues no tiene las prestaciones de los empleados del Poder Judicial.
Por otro lado con el Consejo de la Judicatura emite Acuerdos que determinan suspensiones esporádicas de uno o dos días durante la semana. Las suspensiones esporádicas son a nivel estatal, sin considerar el color del semáforo epidemiológico de cada distrito o ciudad cabecera de distrito judicial.
Aun estando algunos en verde, las circulares del Poder Judicial cierran todos los juzgados, todas las salas. De seguir en este tenor, durante 2021, volveríamos a tener solo el 50% de días de actividad en el Poder Judicial.
Además de estas suspensiones por Covid, el Poder judicial ordena suspender las actividades en cada día festivo conforme a la Constitución y aquellos concedidos en los contratos colectivos de trabajo del personal del Poder Judicial.
Esta semana por acuerdo del consejo, se suspendieron las actividades el viernes pasado y este lunes; la ultima semana de enero se suspendieron las actividades los días jueves 28 y viernes 29 de enero, y ésta suspensión de extendió hasta el lunes 1 y martes 2 de febrero en conmemoración al 5 de febrero. En total fueron 6 días en los que no se pudo agendar una sola cita en todo el Estado.
El personal de sistemas del Poder Judicial se fue a casa y hasta la mañana del miércoles se pudo comenzar a sacar citas en el sistema.
El personal que sí asiste a trabajar está saturado. Las enfermedades derivadas de la sobre carga de trabajo y el estrés ya se notan. En algunos Juzgados no hay personal de archivo, ni actuarios, por lo que esas funciones las realizan otros
integrantes del personal. Trabajan doble jornada por el mismo salario.
En algunos casos los juzgados operan gracias a los meritorios, personas que no reciben remuneración alguna del Poder Judicial por la labor que hacen. La mayoría de estos meritorios son jóvenes estudiantes o recién egresados de la
Universidad que esperan la oportunidad de un contrato.
Sin oficiales de mesa las audiencias y diligencias son escasas. Hay juzgados que en su estructura cuenta con 4 o 5 mesas de trámites, pero algunos de quienes laboran ahí están incapacitados y en algunos juzgados solo asisten a trabajar una o dos personas y esas dos son las encargadas de celebrar audiencias, redactar acuerdos, publicar estrados, actualizar libros de gobierno, control, alfabético, traslado, distribución y registro; están al máximo de la resistencia desde septiembre del 2020. Podría ser explotación laboral.
La dimensión del problema a nivel estatal es tremenda. Tan solo en materia Civil y Familiar, durante el año 2019, se radicaron, cuando menos 63,000 expedientes y en 2020, no menos de 39,000. A estos número habría que sumar los que se encuentran en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los del sistema Penal y de Justicia para Adolescentes.
Cada vez que el Poder Judicial suspende sus actividades, detiene todos estos procedimientos sin dejar opciones mas que esperar. Recordemos que durante 2020, durante 6 meses solo se iniciaron asuntos urgentes.
Además durante los últimos 4 años el presupuesto de egresos del Poder Judicial se ha reducido casi en un 40%, de 2,500 a 1,600 millones de pesos, aun cuando el trabajo no disminuye y se han creado nuevos juzgados.
El Poder Legislativo ha abandonado toda intención de mejorar la administración de justicia. Vienen reduciendo el presupuesto y no hay mención alguna para implementar reformas que obliguen a los juzgados y jueces a celebrar audiencias orales civiles, familiares y mercantiles en línea, presididas por los jueces.
Es cierto que por un lado se han abierto nuevas instalaciones del poder judicial a lo largo del estado, pero de poco sirven las paredes y los techos si en otros logares no hay sillas, escritorios, hojas o tóner para imprimir.
Es falso que la austeridad permita mantener operativa a la justicia, en algunos juzgados no hay ni internet, hojas, sillas, escritorios o computadoras. El Poder Judicial necesita recuperar, cuando menos el presupuesto de 2,500 millones de pesos para este año.
Hasta donde se puede recordar, esta es la primera mención del tema. El temor fundado de los abogados a manifestar abierta y claramente la situación del Poder Judicial podría acarrear consecuencias, pues la costumbre es más propensa al rendimiento de pleitesía que a la exposición de la realidad en que opera el sistema de justicia.
Pero estas suspensiones del Poder Judicial ya llevaron a la quiebra económica a varios profesionistas del Derecho. La Economía de las y los abogados postulantes se ve afectada porque no podemos mostrar resultados a los clientes.
También ha afectado la economía de las familias involucradas en los procedimientos que no avanzan y no se resuelven.
Las suspensiones afectan a miles de personas y no hay una sola mención, si quiera una insinuación de que se busque habilitar audiencias en línea o el trámite digital de asuntos, cosa que en el Poder Judicial Federal sucede desde algunos
años y en otros estados, los acuerdos de suspensión se acompañan con acuerdos de habilitación de audiencias por vía remota, pero aquí en Veracruz nada.
Hace tiempo se veía a la justicia digitalizada como un lujo o una excentricidad del sistema, pero en la actualidad, y ante el panorama de nuevas cepas del Virus, un plan de vacunación incierto y con un abasto de vacunas aún más incierto, todo apunta a que este año en cualquier momento se podrían detener las actividades por tiempo indefinido.
La solución a esto es la justicia digital. Esto retornaría a las actividades a las personas que se fueron a casa desde marzo. No a todas, pero sí a un buen número.
Los abogados estamos dispuestos a cooperar con la compra de videocámaras o cámaras web, digitalizadores de documentos y lo que sea necesario para celebrar audiencias en línea con tal de avanzar, a recibir notificaciones por WhatsApp, como lo hacen los juzgados penales, a presentar demandas con firma electrónica de los clientes y a revisar el contenido total de expediente en línea para no ir al juzgado y no exponernos ni exponer al personal de riesgo de los juzgados, pero sin voluntad del Poder Judicial nada se puede.
Podrían negarse a aceptar que en casa tienen internet, a celebrar audiencias virtuales por falta de marco que las regule, negarse a instalar o aprender sobre el funcionamiento del software que los niños de primaria usan para su clases en línea.
A las y los diputados electos por voto popular, que están en funciones, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, les pregunto: ¿cómo ayudamos? ¿cuándo empezamos?, ¿dónde nos reunimos? y ¿qué fecha pondremos de meta para la celebración de la primera audiencia virtual en el estado de Veracruz?
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