>> Desde el Congreso de Veracruz exhiben colusión para adjudicaciones dirigidas a empresas de “nueva creación” y uso de personas físicas que trabajan o tienen familiares en el gobierno estatal, incluso jóvenes que reciben programas sociales.
Por Angel Pablo
Xalapa, Ver.- Bajo una estrategia de corrupción basada en adjudicaciones de contratos dirigidas, beneficios a personas morales de “nueva creación” y el uso de personas físicas que trabajan o tienen familiares en el gobierno de Veracruz -incluso jóvenes que reciben programas sociales-, han sido extraídos ilegalmente 1 mil 593.7 millones de pesos de la Secretaría de Salud y del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).
La denuncia pública la realizó recientemente el Diputado Local Marlon Ramírez Marín desde el Congreso de Veracruz y supera el escándalo de corrupción del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez con la empleada de la SEV, Araly Rodríguez Vez, quien fuera exhibida en enero de este año por recibir de la Secretaría de Salud contratos por 100 millones 902 mil pesos entre el 2019 y 2022.
Mientras el Gobernador todavía no aclara por qué se benefició la servidora pública, quién es y dónde está Araly Rodríguez Vez, ahora el legislador, exhibió una red de complicidad y colusión entre servidores públicos y personas Morales y físicas, donde han logrado extraer más de 1 mil 593 millones de pesos de una sola secretaría del erario veracruzano.
LAS PROHIBICIONES LEGALES
De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación De Bienes muebles del estado de Veracruz, que establece lineamientos e impedimentos para la contratación que no fueron observados por diversos servidores públicos de SESVER y de la Secretaria de Finanzas y Planeación; incluso existe incumplimiento de los órganos de control interno de ambas dependencias.
Tan solo el artículo 45 de la citada ley precisa que “los Entes Públicos no podrán recibir propuestas o celebrar contratación alguna, con las personas físicas o morales que se mencionan:”
En 13 fracciones este artículo estipula diversas prohibiciones, como por ejemplo con servidores públicos, familiares de funcionarios, personas que tengan negocios con éstos mismos, personas inhabilitadas, las que tengan actividad mercantil que no corresponda al servicio solicitado, que proporcionen información falsa y, entre otras específicas, cualquier causa que se encuentren impedidas por disposición de la ley.
Sin embargo, en la investigación Ramírez Marín precisa que se han “dirigido” adjudicaciones a personas morales de “nueva creación” (empresas) y a personas físicas que son empleados del gobierno – como Araly Rodríguez Vez-, así como familiares de trabajadores de la administración morenista y hasta beneficiarios de programas sociales.
En los documentos a los cuales Revista Libertad tuvo acceso, se describe que la Secretaría de Salud y SESVER contrató al menos 50 empresas “creadas” entre el 2019 y hasta el 2022, generando colusión entre ellas para la asignación de contratos, toda vez que compiten entre sí, para obtener beneficios mutuos de las contrataciones adjudicadas.
A estas personas morales “nuevas”, se le asignaron 160 contratos del 2019 al 2022 que ascienden a un monto de 1 mil 87 millones de pesos, de los cuales 94 contratos fueron adjudicados de forma directa 315.3 MDP y 66 fueron por invitación con un monto 771.8 millones
Respecto a las personas físicas, son 190 beneficiados durante el mismo periodo, por un total de 506.3 millones de pesos; 44 de estos son beneficiarias de programas sociales -como jóvenes construyendo el futuro-, el resto empleados del gobierno estatal o tienen familiares en la administración morenista.
ASIGNACIÓN DE CONTRATOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO Y BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS
De las personas físicas hay hallazgos graves como el de una empleada de SESVER, Bethy Torres Hernández, quien tuvo el cargo en el 2021 de “promotora de la salud” con un sueldo mensual en bruto de 16 mil 73 pesos.
Previamente, Torres Hernández con 20 años de edad –de acuerdo con el RFC del registro de contratista-, había recibido un contrato por 1 millón 92 mil 799.99 pesos, por el concepto de “Servicio de Mantenimiento Correctivo Urgente por contingencia COVID-19 a Equipos electromédicos y electromecánicos de la red estatal de Hospitales de Veracruz 2020.”
Otro caso es el de Misael Carmona Medina, un beneficiario de Xalapa del programa social federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”, quien con apenas 24 años empezó a recibir jugosos contratos que ascienden en 2 años a 22.9 millones de pesos.
Mientras Carmona Medina se registró en la plataforma del programa federal bajo el requisito de “no trabajar ni estudiar” para recibir su beca mensual en el 2019. Para finales de ese mismo año, ya registrado como proveedor de SESVER, recibió dos contratos que superaron los 12 millones de pesos, para dar mantenimiento a equipos médicos de la Secretaría de Salud.
Para el 2020 continuó recibiendo su apoyo federal y durante los primeros meses recibió una adjudicación directa de contrato por 5 millones 126 mil 83.31 pesos por la “Adquisición e instalación, puesta en marcha y capacitación de equipo médico”.
CONTRATISTAS CON DOMICILIOS FANTASMA
Dentro de estas prácticas utilizadas para extraer dinero público, sorprenden las personas físicas con “domicilio fiscal fantasma”, entre ellos Valentín Molina López, beneficiado con 6 contratos que suman 39.4 millones de pesos.
Los conceptos de estas adjudicaciones directas y una licitación pública, fueron en su mayoría por Compra y Suministro de Medicamentos, Material de Curación e Insumos Médicos, en el 2020 y 2021.
También en la práctica de “domicilios fantasmas” está la joven Diana Valeria Rivera Jaimes, quien a sus 23 años recibió un contrato adjudicado directamente en abril del 2021, por un monto de $ 1 millón 269 mil 789.52 pesos.
Rivera Jaimes, a quien se le adquirió “Compra venta de mobiliario, equipo médico y de laboratorio e instrumental médico y de laboratorio para hospitales y centros de salud pertenecientes a servicios de salud de Veracuz”, también presentó un domicilio fantasma proporcionado como Calle Fernándo Gutierrez Barrios, interior 104 ubicada en la pequeña colonia Villa Rica de Martínez de la Torre.
EMPRESA INHABILITADA CONTRATADA
En el colmo hay una empresa contratada a pesar de estar inhabilitada, Dicipa S.A. de C.V., la cual ha sido beneficiada bajo la administración guinda con 18 contratos por un monto $ 574 millones 440 mil 565. 04 pesos en un periodo del 2020 al 2023, de acuerdo con la Plataforma Nacional De Transparencia.
En el 2022 la Secretaría de la Función Pública, a través del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), inició el expediente de Responsabilidad Administrativa PAR-4350/2022 en contra Dicipa S.A. de C.V. el cual resolvió el cinco de enero de dos mil veintitrés con una sanción administrativa consistente en inhabilitación por 7 (siete) años.
Derivado de esto el 11 de enero del 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa DICIPA S.A. de C.V.
En la resolución se alude a hechos sancionados durante la vigencia de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la cual fue abrogada el 19 julio del 2017, por lo que las acciones ilegales de DICIPA S.A. de C.V. se realizaron antes de esa fecha.
Con todo y esto, el gobierno de Veracruz le dio ilegalmente en abril del 2023 dos contratos por adjudicación directa que ascienden a $8 millones 618 mil 965.67 pesos por “servicios” a SESVER.
Uno de ellos es de $4 millones 308 mil 183 pesos para “Servicio de Suministro de Material de Osteosíntesis y Endoprótesis para las Unidades Hospitalarias pertenecientes a Servicios de Salud de Veracruz”; el otro por $1 millón 310 mil 782.67 pesos para “Servicio de Laparoscopía, Endoscopía y Artroscopia para Diversas Unidades Hospitalarias pertenecientes a Servicios de Salud de Veracruz.”
En toda esta colusión, complicidad y estrategias para extraer dinero ilegalmente son diversos funcionarios públicos los que han intervenido, al menos dos de ellos de Poza Rica: Jorge Eduardo Sisniega Fernández, director administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y José Luis Lima Franco titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Cabe destacar que ambos políticos se pasean por la región norveracruzana como paladines de la cuarta transformación y es por muchos sabidos su interés por ser candidatos en las próximas elecciones o al menos colarse en la próxima administración.
