>> Este 21 de junio termina el ciclo de la empresa regiomontana encargada de recoger la basura durante casi 15 años, la misma que incumplió con reciclar y, entre otras cosas, con un manejo irresponsable del relleno sanitario que le clausuraron por violar leyes ambientales en el 2020.
Por Angel Pablo
Poza Rica, Ver.- De acuerdo con la cláusula segunda y tercera del Contrato Administrativo para la Concesión del Servicio de Limpia en sus Etapas de Recolección, Reciclaje, Transporte, Transferencia, tratamiento y Disposición Final de Desechos Sólidos”, celebrado entre el ayuntamiento y Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. (PASA), el periodo pactado de 15 años termina el próximo 21 de junio de este año.
Dicho contrato firmado el día 5 de mayo del 2008, fue entregado para favorecer a la empresa regiomontana con recursos públicos de los pozarricenses, por el entonces Presidente Municipal Pablo Anaya Rivera, donde fungieron como cómplices el Síndico Único Efraín Ortega Márquez, el regidor de la comisión Rodolfo Villa Salas y la mayoría de los regidores de la comuna 2008-2010.
El documento obtenido por Revista Libertad, precisa en la Cláusula Segunda que la vigencia de 15 años es contada a partir de que inicia la prestación de los servicios; con posibilidad de suspenderse o rescindirse, más no de prolongarse.
En complemento, la Cláusula Tercera establece una obligación al concesionario para “iniciar los servicios pactados en el presente contrato a más tardar el día veintiuno de junio de dos mil ocho”, describe la redacción.
Al no existir documento público debidamente acreditado, que soporte el día y hora precisas de cuándo inicio PASA la prestación del servicio, con estricto apego a lo pactado en el contrato se debe contemplar esta fecha de inicio y el cumplimiento de los 15 años el próximo 21 de junio del 2023, lo cual confirmo recientemente el ayuntamiento actual.
Sin embargo, la concesionaria que lucró todavía tiene responsabilidades ambientales, tal como lo confirmó el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiento, Sergio Rodríguez Cortes, quien sentenció que PASA tiene la obligación de reparar el impacto ambiental en el predio -propiedad de Poza Rica-, donde utilizó el relleno sanitario.
Hay que recordar Asimismo, que el Servicio De Disposición Final se inició en términos de un “segundo documento”, identificado como “segunda parte” del contrato.
Este segundo documento fue firmado el 12 de septiembre del mismo 2008 y de acuerdo con la Tercera Consideración, fue porque “el ayuntamiento se encontraba determinando la situación jurídica del sitio de disposición final”, lo que se conocía popularmente como relleno sanitario propiedad del municipio de Poza Rica.
En la Primera Cláusula del segundo documento, el ayuntamiento otorga a PASA “la concesión para la prestación del servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos y la construcción de un nuevo relleno sanitario para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos generados por el municipio…”, el cual Promotora Ambiental nunca construyó.
Con base en la Segunda Cláusula del contrato complementario, el ayuntamiento entregó en comodato el terreno donde tenía el relleno sanitario de los pozarricenses, fijándole un periodo no mayor a 6 años o vida útil del mismo.
Sin embargo, PASA extendió lo más que pudo la utilización del sitio para evitar gastar en la construcción de uno propio, incumpliendo no solo el contrato sino la construcción de una planta de separación de residuos para realizar un reciclaje adecuado.
Si bien, en la Tercera Cláusula se fija el periodo de inicio de operaciones a partir del 12 de septiembre del 2008, PASA fue sancionada por incumplir la Disposición Final de los Residuos Sólidos, la tarde del 18 de mayo del 2020, cuando la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA), clausuró el relleno sanitario del municipio que empresa operaba.
“Por contravenir la legislación ambiental, clausurado”, anunciaba la lona colocada en la entrada del predio, la cual tenía en el margen inferior derecho la inscripción “EXP.PMAVER/409/2012” y en otro extremo el folio 0037.
En ese año el gobierno de Francisco Javier Velázquez Vallejo -quien no apoyó los esfuerzos de la regidora Gregoria Miguel Reyes por exigirle a la concesionaria que cumpliera con el reciclaje, separación y tratamiento de los residuos-, le pagaba a PASA por incumplir obligaciones y violar normas ambientales más de 4 millones 112 mil pesos, de acuerdo con información pública obtenida por este medio de comunicación.
En ese momento la omisión y falta de voluntad del alcalde morenista impidió la cancelación del contrato “sin responsabilidad para el ayuntamiento”, permitiendo que PASA siguiera lucrando y logrando que actualmente cobre más de 4 millones de pesos mensuales, es decir, alrededor de 50 millones de pesos anuales por un servicio deficiente, ya que no reduce residuos ni recicla.
Actualmente, a pesar de los intentos fallidos por prolongar la concesión, la administración de Fernando Remes Garza, decidió no extenderle la concesión.
El día de ayer el Gobierno Municipal anuncio un total de 23 unidades, incluyendo camiones y unidades de menor tamaño que permitirán acceder a vialidades más angostas, una cifra que supera en gran medida la operatividad previa para prestar la recolección de residuos sólidos.
Sobre la disposición final, de acuerdo con la PMA, la concesionaria deposita los residuos sólidos en el relleno autorizado en Tihuatlán, donde dijo se deben cobrar alrededor de 300 pesos por tonelada, por lo cual la basura generada en Poza Rica continuará trasladándose al relleno del vecino municipio.
Finalmente hay que destacar que corresponde a la Síndica Única, Lizeth Guerra Méndez, como representante legal del ayuntamiento, en unión con el Alcalde, litigarle a PASA que cumpla con la rehabilitación del predio del relleno sanitario cancelado, donde la empresa regiomontana deberá reforestar y dejarlo en condiciones óptimas que resarza el daño ecológico que generó.