El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), conformado por más de 86 colectivos de 25 estados de la República Mexicana y de 3 países de Centroamérica, hizo pública su inconformidad por la cifra reducida en el registro de desaparecidos del Gobierno de México.
Mediante un comunicado demandaron la publicación de la metodología nacional utilizada en el denominado censo de personas desaparecidas, así como la evidencia recolectada, para asegurar la precisión y veracidad de los datos.
Asimismo exigieron la identificación de “nuestros seres queridos no puede esperar. Instamos a las autoridades a fortalecer de manera urgente la institucionalidad forense del Estado.”
“Las familias de personas desaparecidas “exigimos ser incluidas activamente en el desarrollo de políticas y estrategias que impacten directamente la búsqueda e identificación. Nuestras experiencias y necesidades deben ser el centro de estas políticas”, destaca el sumario del comunicado.
El escrito que es del dominio público se puede apreciar textualmente lo siguiente:
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas que integramos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) expresamos nuestra preocupación y decepción ante esta respuesta del Estado. Compartimos con otras plataformas de víctimas el enojo y la indignación por la falta de rigurosidad y transparencia del Estado en este proceso de vital importancia para nuestra búsqueda de verdad y justicia.
Tras un análisis detenido de la presentación del denominado Censo de Personas Desaparecidas, presentado por el Ejecutivo Federal en la conferencia matutina del 14 de diciembre, emitimos las siguientes consideraciones:
Los colectivos de familiares no hemos sido debidamente informados sobre la metodología nacional de recolección e intercambio de información del Censo, ni hemos participado en este proceso.
No queremos dejar de mencionar el dolor y la indignación que nos produce a las familias que los resultados de este ejercicio que han denominado Censo concluya que sólo hay confirmación de 12,377 personas desaparecidas. Las familias sabemos que este dato es incorrecto y nos preocupa que ello suponga una justificación para que ninguna autoridad busque los miles de casos de los registros donde falta información, pero persiste la desaparición.
El ejercicio que han denominado censo y las categorías que lo componen, presentadas el pasado 14 de diciembre, generan confusión al no especificar claramente el número de personas desaparecidas y los registros de los que se necesita mayor información. Es alarmante la falta de precisión sobre el paradero de las 17,843 personas que supuestamente ya fueron “ubicadas”.
Es preocupante la utilización de categorías como “sin datos suficientes para identificación” (26,090 registros) y “sin indicios para la búsqueda” (36,022 registros), aunado al hecho de que se pide colaboración a la ciudadanía para esclarecer estos casos, cuando en realidad es responsabilidad de las instituciones tener registros completos y actualizados, así como hallar indicios para la búsqueda y encontrar a las personas desaparecidas.
Por lo anterior, es fundamental que las autoridades aclaren y transparenten las categorías que utilizan, la evidencia recolectada en formato de datos abiertos, los marcos legales de las que forman parte y las implicaciones que tienen estos nuevos conceptos y cifras en las distintas estrategias de búsqueda, localización e identificación.
Es necesario saber, de manera transparente y verificable, cómo se relacionarán los resultados de este censo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; cómo se garantiza que el Registro sea una herramienta para diseñar estrategias de búsqueda; y cómo se evita que se le dé uso político ante las coyunturas electorales (esto último sucedió en 2018 y vuelve a suceder ahora).
Desde el MNDM hemos hecho del conocimiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Búsqueda varias recomendaciones para fortalecer el diálogo y la comunicación entre autoridades y colectivos de familiares de personas desaparecidas. El diálogo es la base para la construcción de estrategias efectivas que nos devuelvan, o nos acerquen, a quienes amamos y hoy no están con nosotras.
A diez meses de la finalización de esta Administración Federal, sabemos que el tiempo es un reto. No obstante, consideramos que los pasos que se den en los próximos meses deben incluir a las familias de forma activa y participativa. Por ello, ante las autoridades hacemos énfasis en que:
La construcción de estrategias debe fortalecerse en su coordinación interinstitucional y trabajar de forma sustantiva y participativa con los colectivos de familias buscadoras, privilegiando el diálogo.
Toda estrategia de actualización de datos, búsqueda generalizada, localización, identificación debe ser sistemática, transparente y corroborable de manera independiente. Los registros deben fortalecer nuestra búsqueda, no crear más dudas.
Las estrategias de búsqueda, localización, identificación y restitución deben ser consideradas como una estrategia de Estado a corto, mediano y largo plazo. Se deben construir políticas públicas sólidas que trasciendan las administraciones dando claridad de los avances y pendientes en todos los ámbitos (búsqueda, identificación y justicia).
Por ello, animamos a las autoridades a crear mecanismos y canales de diálogo con las familias que a lo largo y ancho de este país, y a pesar del miedo, salen a buscar a quienes nos faltan todos los días. Con esto tendremos la oportunidad de concretar acciones efectivas para la búsqueda, localización e identificación.
Además de estas preocupaciones ante el cierre de la Administración actual y nuestras consideraciones sobre el tema del registro, solicitamos:
Como primer paso, que se haga pública de inmediato la metodología nacional utilizada para la realización de esta primera etapa del Censo y se publicite la información obtenida bajo un formato de datos abiertos. Esto debe incluir la definición clara de las categorías, datos completos de cada registro y fuentes de información.
Se establezca, a más tardar, en el mes de enero una mesa de trabajo específica, donde participen además de las familias, personas y organizaciones con expertis técnica en temas de registro y bases de datos, organismos internacionales y autoridades correspondientes para abordar en profundidad las dudas sobre la metodología del censo. Esto con el objetivo de consolidar un instrumento único, que es crucial para definir la magnitud, alcance, prioridades y presupuestos necesarios para orientar la política de Estado para la búsqueda de personas.
Que la anunciada segunda etapa del Censo no suceda hasta en tanto se haya dado un proceso de información a los colectivos, familias y plataformas donde se comunique en qué va a consistir, los alcances y resultados esperados.
Como MNDM reafirmamos nuestra disposición para el diálogo y la construcción colectiva encaminadas a revertir esta crisis de desapariciones que nos aqueja.
