Columna Visión de Líder
Por Angel Pablo Reyes Santiago
De los 2 mil 457 municipios en el país, Poza Rica es uno de los pocos que tiene alineados los tres niveles de gobierno bajo un mismo partido, lo que se debería traducir como mayor flujo de obras, programas, apoyos económicos, etcétera, que transformen la vida de los ciudadanos.
Sin embargo, en 3 años del Gobierno Municipal y 2 años de los Gobiernos Estatal y Federal, no se ha visto la transformación para la otrora potencia petrolera.
Si esto le sucede a un municipio sin conflictos entre gobernantes y partidos políticos ¿Cómo le irá a otros que tienen gobiernos estatales y municipales con partidos de oposición?. La respuesta es evidente.
De las cosas que han quedado pendiente en este municipio es el saneamiento de los arroyos. Obras de gran magnitud que se pueden realizar con inversión de los 3 niveles de gobierno para beneficiar a una ciudad con más de 200 mil habitantes, quienes depositan sus aguas negras sobre el Río Cazones, principal cuerpo de agua que recorre hasta las costas cazoneñas, las cuales se ofrecen como atractivo turístico.
Pero no solo es cumplir con el ciclo urbano del agua y generar desarrollo sustentable, en materia de seguridad pública, no se ha podido integrar la Policía Municipal con los 150 elementos operativos necesarios, que se estableció como base para vigilar las 98 colonias, los 27 fraccionamientos y la comunidad del Cerro del Mesón.
Y por si fuera poco los nuevos elementos -que no llegan a 100-, ya cuentan con señalamientos ciudadanos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, coacción, amenazas, cohecho, sobornos y otras conductas de corrupción.
Otro problema sin resolver y que continúan incrementándose es la concesión del servicio “intregral” de Limpia Pública, el cual ni siquiera integra el reciclaje a sus obligaciones.
La empresa Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. , ha incumplido con el contrato y ha violado leyes ambientales que provocaron en Mayo el cierre del relleno sanitario – propiedad del municipio que opera en comodato-.
El Gobierno actual no ha hecho algo por cancelar la concesión y responsabilizarse del servicio público, por el cual se paga más de 4 millones de pesos al mes (alrededor de 50 millones de pesos anuales).
PASA ni siquiera cumple con el tratamiento y reciclaje de residuos sólidos, el cual es realizado por pepenadores en condiciones deplorables y sin seguridad social. El tratamiento y reciclaje está estipulado no solo por el contrato sino por normas oficiales mexicanas para el manejo de la basura.
En general el Ayuntamiento actual, con todos los astros alineados, no ha podido tampoco presionarla para que cumpla, o tal vez no quiere.
El problema se agrava porque en el 2023 se le termina el contrato a la empresa y la actual administración de Javier Velázquez no ha generado las condiciones para que el municipio se responsabilice del servicio “integral”.
Quizás sea intencional o no, pero la irresponsabilidad del actual gobierno abre la posibilidad de que le vuelvan a dar la concesión, ante la ineptitud de los gobiernos en turno quienes incluso permitieron la continuidad de la concesión de alumbrado público.
Otro punto es la reactivación de la industria petrolera, en lo cual no hay resultados, incluso se desmanteló como fierro viejo las instalaciones del complejo petroquímico Escolín y ni uno de los tres niveles de gobierno a volteado siquiera a este municipio que nutrió de petroleó y dinero al país.
Son varios las cosas que han quedado a deber los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal; en la ciudadanía y por las calles no se ve mejoría en el diario vivir -y no es por la pandemia que lleva 10 meses-, no hay una verdadera transformación para este municipio en los últimos 3 o 2 años.
Estamos en vísperas del tercer informe del Alcalde, y las asignaciones directas de la obra o contrataciones, el nepotismo, los prestamos y la pereza de la mayoría de los regidores, los negocios de la Síndica María del Carmen, las agresiones de su vástago a la población en general, entre otros actos de corrupción, son los sellos que han marcado el Gobierno de MORENA.
De nada le servirá su actividad “simulada” de bacheo en “algunas” calles en estos días, con lo cual busca “dar a tole con el dedo” a los pozarricenses y donde centrará su informe de gobierno en el 2020.
Habrá siempre escusas para no hacer las cosas y quizás solo una para hacerlas, pero al parecer en su tercer año de gobierno, Javier Velázquez Vallejo, aprovechará para decir tras bambalinas que la pandemia del covid-19 -donde no tiene director de salud-, le vino “como anillo al dedo”. ***
“QUE LIND@S SE VEN CON SUS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ESPERANCIT@S”, PERO LES FALTÓ REVISAR LA LEY..
Mientras los adelantados rayan en el salvajismo en actos anticipados de campaña, delitos y sanciones electorales, el INE y el OPLE, como árbitros, cae en la grosería de omitir ejercer sus atribuciones, mientras la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), parece ciega ante los hechos donde debe de actuar de oficio.
En la Región hay Diputados de MORENA como Eric Domínguez promoviendo su imagen con recursos públicos, legisladores como Jaime Humberto Vázquez enfocado en la dirigencia estatal de MORENA promoviendo su partido; el de Tuxpan, Marco Antonio Medina Pérez de Tuxpan también queriendo la Alcaldía y desde luego en Poza Rica, Raquel Bonilla Herrera.
Pero también hay personajes del PRI como Fernando Trejo Domínguez en Poza Rica, del PAN Jorge Vera Hernández y Ricardo Serna Barajas de Álamo por el PAN -quienes también se pelean por el poder de la próxima administración-; y del PRD en Papantla, el Secretario del Ayuntamiento, Octavio Tremari Gaya que desea ser Alcalde y hasta el propio Mariano Romero que pretende ser Diputado.
Mientras los órganos electorales continúan “dormidos” los actores políticos comenzaron la fiesta electorera violando la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General en Materia de delitos Electorales.***
Agradeciendo el favor de su atención contactaremos próximamente.
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