>> La reforma constitucional fue expresamente respaldada también los cabildos; la fiscal actual pende de un hilo.
Redacción Libertad
Xalapa, Ver.- La LXVII Legislatura declaró aprobado el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado relativa al nuevo procedimiento para designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), al contar con el aval de la mayoría de los ayuntamientos del estado.
En seguimiento a la propuesta aprobada con 42 votos a favor en la Décima segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 25 de noviembre de 2025 y, por tratarse de reformas a la Carta Magna, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 84 del máximo ordenamiento, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, en esa misma sesión, instruyó remitir el decreto a los municipios veraruzanos para su valoración.
Este miércoles, en la Decimatercera Sesión Ordinaria, el secretario de la Mesa Directiva, diputado Alejandro Porras Marín, dio lectura al Informe de la Secretaría General en relación con la entrega de Actas de Cabildo con respecto a la reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del estado de Veracruz.
De acuerdo con el Informe, un total de 122 ayuntamientos hicieron constar los acuerdos de aprobación del Decreto.
En virtud de que el Congreso dio al asunto el trámite previsto en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del estado en materia de reformas constitucionales parciales, la presidenta de la Mesa Directiva instruyó remitir dicho Decreto a la titular del Poder Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Con lo anterior la posibilidad de remover a la Fiscal General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, está por consumarse.
Aunque se ha ponderado que la ley no es retroactiva en perjuicio, existen precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en tesis 105/2010, determinó que el nombramiento de un Policía Federal Ministerial y su permanencia en el cargo no pueden ser analizados mediante la garantía de irretroactividad de la ley.
Esta interpretación que es aplicable a los fiscales, aclara que: si se modifican leyes, requisitos o evaluaciones para policías federales ministeriales, deben cumplirlos, aunque antes no existieran.
Además, no pueden alegar la violación de derechos porque no existe estabilidad laboral constitucional para ellos y su nombramiento no genera derechos adquiridos a permanecer.
Tampoco procede reclamar irretroactividad de la ley si se pierde el cargo por no cumplir requisitos establecidos posteriormente.
Verónica Hernández Giadáns llegó al cargo en medio de polémica, al ser designada en septiembre de 2019 como encargada de despacho por la mayoría de Morena y el PRI —8 votos a favor y 3 en contra en sesión de la Diputación Permanente—, luego de la destitución temporal del cargo del fiscal a Jorge Winckler propuesto por Miguel Angel Yunes Linares, bajo el argumento que no había cumplido con la revalidación de su certificado de confianza y debía analizarse su desempeño.
Para tomar el control de las instalaciones fue apoyada por elementos de la SSP, al mando del entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quienes rodearon la sede de la Fiscalía en la capital del estado.
Hasta el 27 de mayo de 2020 fungió como encargada de despacho. El 28 de mayo rindió protesta de ley como fiscal, con el apoyo de la mayoría del Congreso, por un periodo de nueve años. Hasta la fecha han transcurrido cinco años y seis meses de su nombramiento.
