>> La CEDH lleva más de dos décadas con la recomendación de cambiarlo de lugar, una responsabilidad que habrá de asumir la gobernadora Rocío Nahle García y deberá impulsar el próximo Presidente Municipal, Emilio Olvera.
Redacción Libertad
Poza Rica, Ver.- Una sola pared divide el Centro de Reinserción Social (Cereso) con las Dirección Municipales de Protección Civil, Ecología y Medio Ambiente, el techo de estas áreas administrativas también son área del reclusorio; por otro costado la histórica tienda de abarrotes “El Güero” lo flanquea y mientras el conocido arroyo también sirve de límite por la parte de atrás.
El reducido centro penitenciario de la ciudad cabecera del Séptimo Distrito Judicial, que alberga reclusos de los municipios de Castillo de Teayo, Cazones, Coatzintla y Tihuatlán, se encuentra a escasos metros del Palacio Municipal y Administrativo del Gobierno Municipal.
Además, por la ubicación céntrica está cerca del Parque Central Benito Juárez, a espaldas de las Escuelas Primaria Artículo 123 María Enriqueta, Salvador Díaz Mirón y entre otros, de la Unidad de Servicios Bibliotecarios (USBI) de la Universidad Veracruzana.
En el colmó, el reducido espacio es insuficiente para la población y desde el año 2000, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación general para el cambio de instalaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso), al considerar que el lugar no cuenta con la infraestructura adecuada para albergar a una gran cantidad de internos.
Sin embargo, ningún Presidente Municipal ni Gobernador en turno ha dado seguimiento a esta recomendación, para que el reclusorio cumpla los objetivo de rehabilitación y readaptación social de personas que han cometido delitos, para reintegrarse a la sociedad de manera efectiva y evitar la reincidencia.
En la reciente visita de José Luis Hernández Galicia, delegado regional de la CEDH, explicó que desde el 2000 mil se ha insistido en la necesidad de contar con un espacio más adecuado, que permita garantizar condiciones mínimas de habitabilidad y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Indicó que el actual inmueble ya no cumple con los estándares para una correcta operación.
Actualmente, la Comisión continúa realizando observaciones periódicas al Cereso de Poza Rica, donde se han detectado diversas carencias tanto estructurales como operativas. Hernández Galicia mencionó que entre los señalamientos más recurrentes están las condiciones no óptimas de las instalaciones y la falta de protocolos adecuados para el manejo interno del centro penitenciario.
El delegado regional subrayó que es una situación que requiere atención urgente por parte de las autoridades estatales, ya que no solo se trata de un tema administrativo, sino de una cuestión de derechos humanos. Afirmó que la sobrepoblación y las deficiencias en infraestructura pueden derivar en problemáticas mayores si no se toman medidas a tiempo.
Hernández Galicia aseguró que la CEDH continuará trabajando y emitiendo recomendaciones en favor de los internos, priorizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos, como parte fundamental del proceso de reinserción social que debe regir en todos los centros penitenciarios del estado.
Nos acercamos a tres décadas de esta observación de la CEDH, el problema persiste sin una solución cercana, una carga que debería responsabilizarse el actual gobierno de Rocío Nahle García y que sin duda deberá impulsar el presidente municipal electo, Emilio Olvera Andrade, al asumir el gobierno el proximo primero de enero del 2026.
