> A los delito de alto impacto y los abusos policiacos a civiles, se suma el presunto “huachicoleo” de policías municipales a unidades del equipamiento motorizado.
Redacción Libertad
Poza Rica, Ver.- No solo son los delitos de alto impacto o los abusos policiacos en agravio a civiles lo que genera un crisis de seguridad pública en esta ciudad, que es un eje económico importante de la zona norte de Veracruz, sino que ahora se suman el presunto robo de combustible de 5 elementos municipales que hicieran el pasado fin de semana.
Quienes deberían servir a la ley, fueron captado en flagrancia por los reporteros de Presente, al acudir a un reporte ciudadano de un “sujeto escandaloso”, donde encontraron a policías “huachicoleando” unidades de seguridad pública municipal.
El lamentable hecho que concentró garrafas, manguera, residuos de combustible, uniformados y 5 motocicletas, exhibió parte de la corrupción que se ha generado dentro de la corporación municipal, que inició su formación en el 2018.
Aun bajo la presunción de inocencia y el “beneficio de la duda”, los policías solo podrían argumentar en defensa que estaban cargando combustible, en lugar de ordeñar las unidades.
Sin embargo, hay que puntualizar que el suministro de gasolina para las unidades, propiedad del municipio, tiene una cadena de egreso que es controlada para facilitar su fiscalización, por lo que no es un argumento válido, máximo que se asociaron y premeditaron la “presunta” extracción de hidrocarburo.
De acuerdo con fuentes consultadas por Revista Libertad, existen 12 motocicletas que fueron compradas en el 2019 y a cada una se le suministran un vale para cargar 6 litros por turno o en su defecto 12 para dobles periodos.
El documento sellado entregado a cada patrullero debe ser entregado a gasolineras proveedoras del gobierno municipal y afirman que es suficiente para los recorridos programados y los llamados de emergencia.
La continuidad o destitución de los elementos corresponde al Gobierno Municipal que preside desde hace 3 meses Fernando Luis Remes Garza, mismo que ha guardado hermetismo sobre la reprobable conducta.
Tampoco han emitido un posicionamiento o disculpa pública por el comportamiento de elemento, toda vez que con fundamento en la fracción X del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en el estado, el Presidente Municipal es quien tiene a su mando a la policía local.
Asimismo, el comandante actual de la corporación, Sebastián Antonio Cruz, quien tomó protesta el pasado primero de enero ante el cabildo, tampoco se ha pronunciado al respecto.
Otra servidora pública que tampoco ha dado señales sobre el caso concreto es la regidora Marisol Hernández Moreno, responsable de la Comisión de Policía y Prevención del Delito.
Hay que subrayar que la edil morenista tiene la obligación de “Denunciar la comisión de actos ilícitos y coadyuvar con las autoridades competentes en su investigación y persecución”, de acuerdo con la fracción II del articulo 47 de la misma Ley Orgánica.
Sobre la Dirección de Prevención del Delito, carece de un titular con nombramiento, toda vez que desde el pasado 28 de febrero la servidora pública nombrada por el Presidente Muncipal, Blanca Miranda García, fue suspendida de sus funciones por el Órgano de Control Interno por una denuncia interna.
Actualmente la “encargada” de esta importante dirección municipal es Yaracet Del Ojo Sala, quien carece no solo de preparacion sobre el ramo sino de atribuciones por falta de nombramiento legal.
Este es un elemento más para alertar sobre la crisis de seguridad pública en la ex capital petrolera, una urbe que carece de inversiones porque es imposible garantizar la paz social.
No solo son los delitos de alto impacto y los abusos policiacos en agravio a civiles con el modus operandi de las gruas, sino que ahora la demostración de que la corporación municipal que inicio su integración hace 4 años, esta corrompida hasta la médula. (04/Abr/2022)