Columna visión de líder
Por Angel Pablo Reyes S.
Tanto en el sector público como en el privado, en cualquier parte del mundo, existen dos tipos de cargos: los que son equivalentes a un empleo y, por tanto, obligan al pago de un salario y las prestaciones inherentes al puesto, y aquellos que se otorgan de forma simbólica, por lo cual no son equiparables a un empleo.
Estos últimos son conocidos como cargos “honoríficos” u “honorarios”, lo cual implica que quien los ocupa sólo ostenta de forma distintiva los atributos correspondientes, pero no es formalmente quien desarrolla las funciones y, por lo tanto, no “trabaja” para la institución respectiva.
En nuestro país, uno de los muchos cargos “honoríficos” que existen en la estructura del poder público es la Presidencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los tres niveles de gobierno: Federal, estatal y municipal.
El cargo “honorífico” fue creado en 1977 por el presidente José López Portillo al fusionar el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia (IMPI) y el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN).
La posición tradicionalmente la ocupada la esposa del Presidente de la República, el Gobernador del Estado o el Presidente Municipal respectivo, o un familiar, tal como lo establece la ley.
En los municipios de nuestro estado, se fundamenta en el párrafo segundo de la fracción XXXI del Artículo 115 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para Veracruz, donde textualmente dice:
“Tendrán carácter honorífico, sin derecho o retribución alguna, los cargos que, dentro de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, desempeñen los cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de los servidores públicos.”
La posición fue “diseñada” para fines políticos, en una época donde las mujeres no figuraban en la vida política y los poderes ejecutivos eran ocupados por el sexo masculino, en consecuencia, la cabeza del DIF correspondía a la “primera dama”, una especie de figura monárquica, donde se le daba jugada en la vida pública.
En la actualidad las mujeres han incursionado en la vida pública, la definición tradicional del cargo no se ajusta por completo a la realidad, pero de todas formas se sigue considerando un cargo reservado para familiares.
La característica más importante del puesto, en términos presupuestales, es que no deben representar ninguna erogación para la hacienda municipal, pues se trata de un cargo “honorífico”.
Sin embargo, hay muchos personajes que no se limitan con sus familiares y de acuerdo con datos observados por la Auditoría Superior del Estado (ASF), el cargo “honorífico” en muchos estados se ha vuelto onerosos; por citar un ejemplo, al menos 30 de los 38 municipios de Coahuila remuneran el cargo.
Lamentablemente en Poza Rica, se vivió una toma de protesta para la presidenta del DIF Municipal, Diana Patricia Remes Oropeza, donde destinaron una gran cantidad de recursos humanos, materiales y económicos para un evento público ostentoso.
Invitaciones personalizadas, impresiones de lonas y vinil, extenso surtido de flores naturales, contratación de sonido y producciones JAIN, pantallas digitales, convocatoria de medios de comunicación, uso de plataformas digitales, renta de sillas y en general, cada uno de los empleados municipales sindicalizados y de confianza que se pagan con dinero público que nutrieron el evento.
Quizás alguno de los alcaldes de los 212 municipios de nuestro estado lo haya hecho (en la región no tengo dato alguno), pero históricamente en Veracruz a ninguna presidenta del DIF estatal se le había destinado recurso público para un evento de tal magnitud como en el evento de Poza Rica.
Si bien estratégicamente gratificaron a sus familiares como en el caso de Karime Macias y Javier Duarte, ni ellos derrocharon peso alguno para una toma de protesta en un evento público.
Es evidente que los asesores del Alcalde Fernando Remes Garza lo están afectando y desconocen (o quizás si saben), que derrochar recursos materiales, humanos y económicos en eventos opulentos constituye un acto de exceso, que acostumbraban los miembros de la clase política que tanto se ha criticado.
Por otro lado, cabe preguntarle a los 12 regidores si ¿Es jurídicamente válido el gasto publico realizado en un evento de esta magnitud donde el cargo presuntamente “honorífico” se convierte en una carga presupuestal?
Valdrá la pena que se pronuncie el cuerpo edilicio al respecto porque la contraloría municipal por los temas del nepotismo de empleados municipales y la sindica Lizeth Guerra Méndez, quien evidentemente tampoco se pronunciará al respecto.
Si la mayoría del cabildo guarda silencio los pozarricenses quedarán abandonados, no tendrán quien los represente en el gobierno municipal, pues los ediles solo se representarán ellos y sus familiares. Penosamente se aplicará el viejo dicho priista: “el pueblo tendrá muchos representantes, pero mi familia nada más tiene uno”.***
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