>> Con 8 votos a favor, 5 en contra y una abstención, también se avala reelección para ediles.
Redacción Libertad
Poza Rica, Ver.- Con 8 votos a favor de los 14 ediles que integran el Ayuntamiento del municipio fue avalada en cabildo la Reforma Constitucional aprobada por el Congreso de Veracruz el pasado 12 de mayo.
La exposición de argumentos y posicionamientos a favor o en contra duró una hora con 42 minutos, siendo los ediles Jaime Herrera Flores, María de la Luz Mora Alarcon y Vanessa Balderas Sánchez quienes guardaron como de costumbre silencio en la sesión virtual realizada este 27 de mayo.
El voto a favor fue del Presidente Municipal Francisco Javier Velázquez Vallejo, la Síndica María del Carmen Carballo Vicencio, los regidores Félix Iván García Bustos, Brenda Guadalupe Carrión Cabrera, María de la Luz Mora Alarcón y Jaime Herrera Flores, todos de MORENA.
Pero también se sumaron las regidoras Dulce María Carpizo Bauza del PRI y Vanessa Balderas Sánchez del extinto PES.
Los votos en contra fueron de los regidores Eloy Núñez León (MORENA), Fausto Jaimit Cabrera Dávila (PRD), Víctor Cantú Salazar (PRD), Aldo Maldonado Macías (PAN) y Yhereiri Carranza López (PAN).
Por su parte Gregoria Miguel Reyes de MORENA votó en abstención argumentando que si bien hay algunas cosas positivas la ausencia de la Revocación Del Mandado, tal como lo contempló la reforma federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, era primordial y faltó.
¿QUÉ SE BUSCA MODIFICAR Y QUE FALTÓ?
El Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de Veracruz debería homologar la reforma federal del 20 de diciembre del 2019.
Como a nivel federal, la figura principal debería ser la Revocación De Mandato, un procedimiento que carece nuestra democracia mexicana, por el cual los ciudadanos pueden cesar de su cargo público a un funcionario que fue electo antes de que termine su periodo.
Esta figura es una propuesta que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que trajo desde la campaña del 2006 y que sostuvo como proyecto de nación, sin embargo en Veracruz se pretende prolongar.
El mecanismo democrático no fue incluido en la Reforma Político-Electoral con el propósito de darle un blindaje al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien debería ser el primer gobernador que se enfrente al escrutinio público.
Al prolongar la homologación, se desplaza en el tiempo la creación de las leyes secundarias, impidiendo que entren sus efectos para el próximo periodo electoral que iniciará legalmente en noviembre del 2020.
Otro punto central es la reducción a 3 años en los Ayuntamientos de Veracruz con la oportunidad a reelección por un periodo, solo a través de la postulación de los partidos políticos.
En este tema los partidos concentran todavía el poder político para la reelección y los ciudadanos continúan alejados de una democracia directa pues las candidaturas independientes siguen sin alcanzar representación proporcional ni la reelección.
Otro tema polémico fue la desaparición de los Órganos Municipales donde funcionalmente afectan el proceso electoral, sobre todo la logística en el día de la votación.
Asimismo, incluye el la reducción al 50% del financiamiento de los partidos, donde el Congreso Local contempla $177 millones de pesos, que podrían redireccionarse para cualquier partida presupuestal.
Esto es un dolor para las cupular partidistas pues la mayoría del recurso económico se queda entre los dirigentes, al ser ocupado para “actividades ordinarias” y no estimulan la participación ciudadana en política
Por citar un ejemplo en Poza Rica ni un partido utiliza las prerrogativas para fomentar la participación ciudadana en la democracia y los comités municipales son pagados por los bolsillos de algunos funcionarios de elección popular como es el caso del MORENA y el PAN, otro por gremios sindicales como el PRI y la mayoría como Movimiento Ciudadano ni existen.
Por ser una modificación a la Constitución de Veracruz, además de la aprobación de las 2 terceras partes de la Congreso (34 Diputados), se necesita la aprobación de la mayoría de los 212 municipios para que termine el proceso legislativo. (28/05/2020)
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