>> Sin confirmación científica, viola derechos humanos fundamentales y abusando del poder municipal les colocó cinta a fuera de sus hogares impidiéndoles salir a 16 personas.
Redacción Libertad
Tamiahua, Ver.- Tras ser señalados por tener COVID-19, sin ningún fundamento científico, la alcaldesa Citlalli Medellín Careaga ordenó la privación ilegal de 16 personas, restringiéndole su derecho humano al libre tránsito y generándoles un grave peligro por el señalamiento ya que temen ser linchados.
Los hechos se registran en la comunidad Estero de Milpas, luego de que llegara una familia proveniente del Estado de Nuevo León y la munícipe fue alertada que presentaban síntomas del COVID-19 por vecinos, cuando ni ha evidencia científica de que estuvieran contagiados.
Incluso este 4 de marzo Medellín Careaga reconoció el confinamiento en su cuenta de Facebook, y argumentó que fue una medida preventiva y apegada a las medidas sanitarias establecidas por el Ayuntamiento de Tamiahua.
Afirmó que días pasados “se puso en confinamiento a los ocupantes de una vivienda en la cual se encuentran habitando ciudadanos provenientes del Estado de Nuevo León”.
Se defendió que fue de común acuerdo y que las personas tuvieron contacto con adultos y niños “sin un análisis clínico preventivo que descartara todo riesgo pues en el Estado del que provienen, los contagios van a la alza y es necesario descartar toda posibilidad de portación del virus.”
Asimismo, la Presidente Municipal expuso que durante estos días se les ha dotado de víveres y se les ha dado tratamiento preventivo a través de monitores especializados para descartar toda posibilidad de contagió y propagación del virus.
Sin embargo, trasciende por los propios afectados que bastó un señalamiento para que llegara a su vivienda las autoridades municipales con la alcaldesa enfrente y les dijeron que no podían salir porque fueron señalados de tener COVID-19.
Les dijeron que iban a quedarse encerrados y hasta cinta de precaución les colocaron en las entradas de solar donde viven las tres familias con sus 16 integrantes.
De igual forma comentan que no pueden salir a trabajar, comprar pañales para los niños o la comida toda vez que ni a la tienda les dijeron que podían ir.
Los afectados temen que las familias de la comunidad puedan atentar en contra de ellos toda vez que son señalados de tener la enfermedad que “viene matando a miles en el mundo”, pero hasta el momento no hay ni un análisis clínico que confirme que contienen el Coronavirus.
