>> Más de 30 días después actúa Gómez Cazarín y crece el cuestionamiento a la protección política.
Poza Rica, Ver.- La salida de Estefani Galassi Gómez de la estructura regional de Bienestar en Veracruz no solo estuvo marcada por la polémica generada tras la detención de su hermano, sino también por la tardía reacción política de la delegación estatal encabezada por Juan Javier Gómez Cazarín.
Aunque el escándalo estalló a finales de marzo, cuando la Fiscalía dio a conocer la captura de Heriberto “N”, hermano de la entonces funcionaria regional, la permanencia de Galassi dentro de la estructura de Bienestar se extendió durante varias semanas, en medio de críticas ciudadanas y cuestionamientos sobre el desgaste institucional que provocaba el caso familiar.
La delegación estatal guardó silencio mientras crecían los señalamientos en medios de comunicación y redes sociales, donde ciudadanos cuestionaban cómo una funcionaria tan cercana a la operación territorial de programas sociales continuaba en funciones pese al impacto mediático y político del caso.
Más de un mes después del escándalo, Juan Javier Gómez Cazarín anunció cambios en las direcciones regionales de Bienestar en Veracruz, movimiento que muchos interpretan como una reacción tardía para contener el daño político.
La crítica no gira únicamente en torno a la salida de Galassi Gómez, sino al tiempo que tomó actuar. En política, especialmente en áreas sensibles como Bienestar, los costos de imagen suelen atenderse de inmediato; sin embargo, en este caso, la respuesta institucional llegó cuando el tema ya había generado un fuerte desgaste público.
Aunque no existe investigación judicial contra Estefani Galassi Gómez, el caso terminó exhibiendo la fragilidad política de la delegación estatal y la lentitud con la que se manejó una crisis que golpeó directamente la credibilidad de la dependencia en el norte de Veracruz.
El episodio también vuelve a poner sobre la mesa un tema que cada vez pesa más sobre MORENA: la percepción de protección política hacia funcionarios o personajes cercanos al poder, incluso cuando existen escándalos públicos que ameritarían respuestas inmediatas.
La narrativa de “no somos iguales” comienza a desgastarse cuando las decisiones internas parecen responder más al cálculo político que a la congruencia ética.
Esto se suma a los casos recientes a nivel nacional que han alimentado esa percepción. Ahí está el debate permanente alrededor del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado constantemente por la oposición y sectores sociales por presuntos vínculos y omisiones frente a la violencia criminal; o los señalamientos que durante años rodearon al grupo político conocido como “La Barredora”, relacionado con operadores cercanos al círculo de Adán Augusto López en Tabasco.
Aunque muchos de estos casos no han derivado en responsabilidades judiciales directas, el problema para MORENA ya no es únicamente legal, sino de credibilidad pública.
Los escándalos se acumulan y con reacciones tardías, la ciudadanía comienza a preguntarse si realmente existe un combate parejo contra la corrupción y las redes de poder, o si simplemente por los colores del partido se protege a los suyos.
