Ejercicios democráticos participativos deben efectuarse para resolver temas de trascendencia nacional y no cuestiones de legalidad

Columna Breves del Derecho

Por Lic. Carlos Asdrubal Pantoja de la Cruz

Nuestra Constitución Política contempla un mecanismo de Democracia Participativa sobre temas de TRASCENDENCIA NACIONAL, denominado “Consulta Popular” y lo describe en el artículo 35, fracción VIII como un derecho de los mexicanos.

Esta prerrogativa es similar a la que se utilizó para determinar si la nación de Inglaterra seguía o no unida a la Unión Europea, el famoso “Brexit”, tema que por su trascendencia de naturaleza económica y de afectación general, el gobierno británico determinó someterlo a consulta del pueblo anglosajón, porque dicha decisión determinaría el rumbo económico futuro de aquel país, que en su caso beneficiaria o afectaría a toda la nación, un tema sin duda de vital trascendencia para los británicos.

Otro ejemplo en el mundo de democracia participativa es Grecia, quien en dos ocasiones históricas ha utilizado este mecanismo para determinar sus políticas públicas de interés nacional.

El primer ejercicio lo realizó en 1974 al organizar una consulta en la que el pueblo griego decidió el fin de la monarquía que encabezaba el rey CONSTANTINO, hermano de la reina doña Sofía, es decir, sometió a consulta de sus ciudadanos trasladar su forma de gobierno de monarquía a república.

El segundo ejercicio lo efectuó en 2015 cuyo motivo de celebración fue la imposibilidad de llegar a un acuerdo en las negociaciones entre el gobierno griego de SYRIZA y sus acreedores, lo que dio como resultado un rotundo rechazo popular a las condiciones del rescate propuesto por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que endeudaría al pueblo griego por décadas.

En ambos casos las decisiones sometidas a voluntad popular son de vital importancia y trascendencia nacional porque fijaron el rumbo político, económico y futuro de ese país.

En nuestro país, si bien, el tema desde hace mucho se encuentra establecido en nuestra constitución, lo cierto es que, nunca el Gobierno ha realizado un referéndum (Consulta Popular), para tomar decisiones importantes y trascendentes de carácter nacional que determinen el futuro del país, ni antes, ni ahora.

Aunque se presuma que por primera vez, este primero de agosto se realizara una consulta popular, la realidad es que se va a efectuar con un tema que a mi juicio no reúne las características de ser trascendente, ni de interés nacional sino de carácter ideológico, propagandístico y partidista.

En efecto, el tema sometido para la consulta es llevar a Juicio a los Expresidentes y lograr que por las malas decisiones tomadas desde sus respectivos Gobiernos se les repare el daño a las víctimas.

Sin embargo, el tema no lo proponen todas las ideologías políticas, solo una, por tanto en una pluralidad de ideas no se puede considerar de “Agenda Nacional”, además, los ilícitos de los que se les puede acusar ya se encuentran previstos en el Código Penal Federal y no es necesario someterlos a consulta, así como, el procedimiento y proceso ya se encuentra previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la reparación del daño y sus modalidades de pago o resarcimiento en la Ley General de Victimas.

Más bien, pienso que dicha consulta contiene un despropósito porque por extraño que parezca o suene esta iniciativa del actual gobierno y su partido es una idea encaminada a buscar todo lo contrario, que no se juzgue a esos personajes, menos aún que se imparta justicia y se les repare el daño a las víctimas, veamos:

En la especie, si el verdadero propósito del Gobierno es llevar a Juicio a los expresidentes y que aquellos por sus malas decisiones tomadas en el “pasado” en sus respectivos gobiernos reparen el daño causado a las posibles víctimas, esos dos temas de ninguna manera se deberían de someter a consulta.

Las facultades y atribuciones legales para que esa justicia restaurativa del daño se aplique le corresponden a la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación, quienes pueden, recibir denuncias, investigar, recabar pruebas, imputar, vincular a proceso, sentenciar y condenar a los ex presidentes con penas de prisión, multas y penas reparativas del daño, por los delitos que hayan cometido y que se les comprueben.

Todo ello simplemente haciendo uso en sus respectivas competencias y atribuciones que les confieren y se encuentran plasmadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Penal Federal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Victimas.

Por otra parte, de resultar condenados a la reparación del daño lo harían en su calidad de Ex Presidentes de la República, lo que implica que de ninguna manera aquellos lo repararan de su bolsa como ciudadanos sino como entes de gobierno, por tanto, esa restauración saldría de la bolsa del estado mexicano y ¿sabe usted de donde tomara el estado el dinero para reparar ese daño? Sí pensó usted bien, de nuestros impuestos.

En consecuencia, todo este tema de la “consulta” es meramente un simulacro de justicia y derecho a la reparación del daño, estéril y ocioso.

En primera porque la justicia y el derecho no se somete a consulta y en segunda porque al ser una idea que impulsa un partido político en contra de todos los demás no es de carácter o de agenda “nacional”.

En tercera, porque quienes terminaran pagando el daño causado a las victimas con nuestros impuestos seremos nosotros los ciudadanos y no los verdaderos responsables que causaron esos daños.

Concluyo diciendo que, la democracia participativa si bien, es un ejercicio interesante, único y valioso que por primera vez en la historia se ejercerá por las mexicanas y los mexicanos, también lo es, que es un despropósito estéril utilizar dicho mecanismo constitucional y desperdiciar esta oportunidad histórica en un tema ideológico de “justicia”, tan vano porque en esencia es un tema de legalidad que se puede resolver sin necesidad de consultarlo y porque el resultado de la consulta no determina el rumbo futuro del país.

¡Nos vemos en la próxima, DEO VOLENTE!