PASA, 14 años de incumplimiento y corrupción

>> Fernando Remes Garza tendrá que romper la cadena de corrupción de ex alcaldes y funcionarios responsables de vigilar el servicio público, que le han permitido a la empresa regiomontana incumplir con el contrato de concesión y violar diversas disposiciones legales en reciclaje, tratamiento de residuos sólidos y protección ambiental. 

Por Angel Pablo 

Poza Rica, Ver.- Avanza el segundo mes del Gobierno Municipal y los responsables por ley de limpia pública no han dado indicios de mejorar el servicio que bajo contrato de concesión está compartido con Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V.

El próximo 5 de mayo se cumplirán 14 años de haberse entregado, en la administración del Alcalde priista Pablo Anaya Rivera (05-may-2008), la concesión del servicio del servicio de limpia pública a la empresa regiomontana.

De acuerdo con la primera parte Contrato de Concesión, la explotación del servicio por 15 año fue para cubrir las etapas de Recolección, Reciclaje, Transferencia, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Sólidos generados en el municipio.

Pero la empresa no cumple completamente con la responsabilidad contractual y pisotea varias disposiciones legales al amparo de los diferentes alcaldes y funcionarios públicos de 4 administraciones pasadas.

Contrato administrativo de concesión donde establecen las 6 etapas en la recolección de residuos sólidos, de las cuales no cumple con todas.

INCUMPLIMIENTO TOLERADO BAJO CORRUPCIÓN

Desde el inició del contrato la empresa es responsable de las etapas de recolección, reciclaje, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio, pero no cumple con el reciclaje ni tratamiento, y respecto a la disposición final fue objeto de sanciones por la Procuraduria del Medio Ambiente el 18 mayo del 2020 al violar disposiciones ambientales.

El reciclaje y el tratamiento, son las más grandes obligaciones que PASA ha incumplido en casi todo el periodo de concesión, aún cuando están explicitas dentro de las obligaciones generales del contrato.

Hay que subrayar que las obligaciones no son exlcusivas del contrato, sino que la definición de las etapas y la responsabilidad en cada una de ellas están dentro un amplio margen jurídico de leyes federales y estatales, reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas (NOM), creadas para el manejo adecuado de residuos y entre otras finalidades, para la protección del medio ambiente.

Respecto a lo contractual, la cláusula cuarta (de la primera parte del contrato), en la fracción VIII, explícitamente impone a la concesionaria “apegarse a las normas ecológicas y generales aplicables…”, lo cual incluye el reciclaje y el tratamiento de la basura.

Incluso la fracción X de la misma cláusula establece que debería “realizar todas aquellas actividades tendientes a la reducción, reutilización y reciclaje y comercialización de los residuos sólidos, incluyendo su disminución y utilización energética en términos del contenido de la propuesta técnica”, pero la concesionaria jamás ha cumplido.

Extracto de las fracciones de la clausula cuarta donde se obliga explicitamente al reciclaje.

La concesionaria nunca ha realizado reciclaje e incluso antes de la clausura y cierre del relleno sanitario había actividades de pepena en condiciones deplorables y de riesgo sanitario, permitidas por PASA y toleradas por funcionarios del gobierno de Francisco Javier Velázque Vallejo.

La relación con los recolectores de reciclaje nunca fue laboral y también olvido cumplir el compromiso de instalar una planta de separación de reciclaje para resolver el problema de los pepenadores que había antes de entregar la concesión.

Dicha obligación está en la segunda parte del contrato (correspondiente a la disposición final de residuos), también en la cláusula cuarta descrita como: Obligaciones adicionales de “el concesionario”.

Pero los gobiernos de los priistasPablo Anaya Rivera, Alfredo Gandara Andrade, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz y del morenista Francisco Javier Velázquez Vallejo nunca presionaron ni exigieron la creación de dicha planta de separación, importante para el reciclaje.

La obligación de los ayuntamientos en turno también está estampada con tinta en papel en la segunda parte del contrato donde las gestiones para la factibilidad e impacto de instalar dicha planta es en conjunto con la concesionaria.

INCALCULABLE EL COSTO DE NO RECICLAR

Sin la planta de separación, infraestructura y proceso apegado a la normatividad, la concesionaria no recicla, pero cerró el 2021 cobrando, aproximadamente 4 millones de pesos 979 mil 730 pesos mensuales, de acuerdo con información del estado financiero del mes de noviembre obtenido por Revista Libertad.

Los datos revelan el pago del servicio correspondiente septiembre y al cobro es por recolección, transporte y disposición final del servicio.

Lo curioso es que la cantidad corresponde al mismo tonelaje recolectado, transportado y en disposición final, es decir, que ni un kilo se descuenta por reciclaje y el gobierno le pagó por no reciclar.

Cabe recordar que desde enero del 2021 el relleno sanitario quedó inoperante por pésimos manejos de PASA y ahora la disposición final se hace en Tihuatlán incrementándose el cobro por traslado, a pesar de que la clausura del predio (propiedad del municipio), fue responsabilidad de la particular.

Bajo esta cifra, la empresa regiomontana extrajo de Poza Rica en solo un año, aproximadamente 59.7 millones de pesos los cuales fueron pagados por el gobierno morenista, apesar de incumplir con el contrato y de violar leyes ambientales que la obligan a reciclar.

Es oportuno precisar que tampoco cumplido con la obligación de la reutilización y utilización energética de biogás para comercialización (desechos orgánicos), mismos que jamás ha generado y está muy lejos de producir.

Pago a PASA en el mes de Noviembre del 2021, correspondiente al mes de septiembre.

Ahora corresponde al Gobierno de Fernando Luis Remes Garza revisar durante los próximos 15 meses que Promotora Ambiental de la Laguna cumpla con el reciclaje y entre otras obligaciones, con restaurar el equilibrio ecológico en el predio del relleno sanitario, una obligación pactada también en el contrato.

Actualmente, también corresponderá a la Regidora María Fernanda Salas Pérez, responsable de la comisión de Limpia Pública y al director del ramo, Pierre Guerrero Hernández, vigilar también a la concesionaria.

Sobre estos personajes recae la transición de que el servicio público regrese  y mejore a nivel municipal, de lo contrario bajo el manto de la corrupción doblarán las manos prolongar una concesión que solo ha lucrado y extraído centenares de millones de pesos al amparo del poder público. (16/Feb/2022)